EL JUEZ QUE NO SE DISFRAZÓ

Por Bonifacio de la Cuadra, publicado en http://elpais.com

.. ..El juez Manuel Sánchez Álvarez no tiene dudas sobre el origen de la sanción que se le impuso por la supuesta celebración de un juicio disfrazado de mosquetero. Tras la anulación de la sanción por el Tribunal Supremo, Sánchez Alvarez acusa al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de "querer compensar su mala conciencia por la falta de política judicial con la explotación de casos escandalosos para controlar a los jueces" y le reprocha su atención "a una denuncia anónima favorable a sectores económicos canarios corruptos".

.....Para Sánchez Álvarez, de 33 años, hijo de juez y juez él de Puerto del Rosario (Fuerteventura), "lo más grave de este asunto fue la forma totalmente inquisitorial de instruir el expediente". Sólo mediante una instrucción "que dio por buena una denuncia anónima atribuida a algunos policías y que no permitió el careo de testigos ni el conocimiento del expediente por el expedientado" concibe Manuel Álvarez que la inverosímil historia concluyera con una sanción de 25.000 pesetas, ahora anulada por el Supremo, con todos los pronunciamientos favorables para el juez.

.....Frente a la sanción por la supuesta celebración el 17 de marzo de 1987 de un juicio "vistiendo capa roja, calzón corto, medias blancas y sombrero con una pluma", el juez sancionado ofrece su versión, que ha prosperado ante el Supremo. Sánchez Álvarez explica que aquel martes de carnaval en el que en Puerto del Rosario era fiesta, se abrió el juzgado para celebrar un juicio, al que asistió vestido normalmente. "Igualmente fuí a hacer el reconocimiento de un solar y la confesión judicial de un señor mayor que se encontraba en el hospital, sin que tras el largo recorrido por medio pueblo, se encontrara un solo testigo que me hubiera visto disfrazado".

.....En cambio, terminada la jornada de trabajo, Sánchez Álvarez, cuyo domicilio se encuentra en el mismo edificio del juzgado, se cambió y se incorporó a la jornada festiva con otros amigos y compañeros. Sin embargo, un informe anónimo dirigido al delegado del gobierno en la isla, Manuel Hierro, y de éste al delegado del gobierno en Canarias, Eligio Hernández, desencadenó la actividad sancionadora. El informe, "en el que se hacía un relato detallado de mi actividad durante los carnavales y como colofón se inventaba lo del juicio con disfraz de mosquetero", explica Manuel Sánchez, "se remitió a la Audiencia Territorial de Canarias y de allí al CGPJ".